Las prioridades de la política y los riesgos

Publicado el 06/06/2025 a las 12:00 por Mateo Alonso

Uno de los temas más candentes en la discusión del sistema político es la Caja de Profesionales. Esta entidad para-estatal, que recibe aportes de los profesionales y de la sociedad en distintas formas, anunció hace un par de años que tenía problemas financieros, y hace unas semanas, que en julio próximo será insolvente e incapaz de cumplir con sus obligaciones económicas, es decir, de pagarle a los profesionales pasivos.

No es el propósito de este texto explicar el funcionamiento del sistema previsional uruguayo o de la Caja Profesional, sino reflexionar sobre la prioridad que el gobierno y la oposición han asignado a la problemática. Para empezar, el gobierno presentó un proyecto por el cual la situación actual se solventará combinando un aporte de los pasivos (jubilados) y los activos (afiliados no jubilados), así como un aporte substancial del gobierno. La realidad es que este no dista demasiado del presentado por el gobierno coalicionista pasado, que naufragó por desacuerdos internos y la negativa del Frente Amplio a votarlo. Hoy la situación es a la inversa, el gobierno frenteamplista no tiene los votos para aprobar el proyecto y la oposición esgrime argumentos no muy diferentes a los del FA en 2023.

Adicionalmente, desde los partidos fuera del gobierno se apoyó una redacción del proyecto que no implica mayores aportes de los afiliados a la caja, sino un enorme aporte estatal para financiar el ente. Más allá de señalar el doble discurso por parte de ambas coaliciones o sectores, pues quiénes acusaban a unos de atacar a los jubilados, hoy les dicen irresponsables fiscales y viceversa, como aclaró hace unos días en una excelente columna Agustín Iturralde en el País; la problemática hoy no ha desaparecido, sino que se ha agravado y se ha vuelto más relevante en el cortísimo plazo que a futuro.

Personalmente, entiendo que hay una necesidad de un aporte del estado, pues este no solo tiene representación en el directorio, sino que no actuó previamente, pero resulta inviable económicamente y racionalmente que los afiliados, principales benefactores e interesados del sistema, no provean la mayoría de los fondos. La directiva actuó de manera irresponsable, inclusive liquidando activos de capitalización con tal de pagar pasividades pasadas, suponiendo que igualmente serían rescatados o auxiliados por el fisco, que en realidad no representa a otros que la sociedad en su conjunto. Adicionalmente, en elecciones de autoridades, dichas gestiones no fueron castigadas por esta irresponsabilidad.

La Caja Profesional tiene, por demás, el pago de timbres dirigido a la Caja, una pésima estructura y regulación de aportes y escala jubilatoria (en promedio se cobra 2 veces lo que se aportó como monto total), y aunque en los proyectos hay algunas soluciones, también hemos escuchado proposiciones de lo más disparatadas, similares al plebiscito jubilatorio de la pasada campaña o directamente impracticables, como el mayor control sobre profesionales que declaran el no ejercicio.

Aquí entra el primer obstáculo que encuentro: no hay convergencia con el sistema del Banco de Previsión Social. Por mucho que se pueda encontrar problemas y vacíos en el sistema mixto vigente desde 1996, lo cierto es que este, con su aporte de 7% del IVA, regulaciones malas o que generan efectos secundarios negativos, es mucho más simple y justo para con los aportantes jóvenes y desempleados, y evita pasividades impagables como lo que sucede con la CJPPU.

Pero, enfrentados con la posibilidad de convergencia a este sistema, que resultaría naturalmente en un recorte de prestaciones y aumento de aportes, desde los profesionales se amenaza con accionar judicial frente a la pérdida de “derechos adquiridos”. Es decir, lejos de reconocer sus errores o problemas de su caja, se amenaza al Estado con accionar judicial, y tal poder tiene esta amenaza, que ningún proyecto presentado ni siquiera contempla la posibilidad (a pesar de que, por ejemplo, dentro del programa del actual gobierno se menciona la convergencia de todas las cajas y sistemas hacia el BPS, incluida la tan denostada Caja Militar).

Es decir, con tal de proteger el privilegio de unos pocos, se perjudica a muchos, y se trata de malvados o desalmados a quiénes señalan la evidente injusticia de las actuales soluciones.

Pero lo peor es otra cosa. Cualquier gobierno con mayorías o la determinación de terminar con los grupos de privilegio hoy enquistados podría creíblemente intentar forzar a la CJPPU a converger al BPS. Pero dejando esto de lado, hay un supuesto básico de la economía y la administración política de esta a mencionar: el costo de oportunidad.

Se entiende por costo de oportunidad al costo de elegir una opción frente a otra, o sea, si utilizo el dinero para tal cosa, renuncio a usarlo para otra. Como la manta siempre es corta, y más en el caso del Estado (donde además hay que gastar responsablemente pues se gasta dinero de la sociedad para la sociedad), cuando el gobierno o el Estado elige rescatar la Caja de Profesionales por un monto (sea este el propuesto por la administración de Orsi o por la oposición), está renunciando a gastar estos fondos en otras áreas.

Unas cifras, para orientar: la pobreza en menores de 6 años es de casi un tercio (uno de cada tres vive en hogares pobres), entre 6 y 12 es más cercana a 28% y apenas menor entre los 12 y la mayoría de edad, mientras que en contraste en mayores de 65 (edad de retiro fijada en la última reforma jubilatoria) es de 6,3% y es razonable suponer menor en jubilados profesionales que reciben partidas de la CJPPU.

El abandono estudiantil roza el 50% y el 80% en el quintil más pobre. Los datos de seguridad tampoco son alentadores, la tasa de analfabetismo carcelario es similar al abandono educativo, ambas son superadas por la tasa de reincidencia delictiva que muchas veces oscila entre 6 de cada diez y 7 de cada diez.

Resulta evidente que la inseguridad y los malos resultados educativos combinados con la infantilización de la pobreza han sido pésimos para el país y han generado enormes debates electorales y sociales, con resultados políticos que aún están por verse.

La pregunta a hacerse es:
¿Qué se podría hacer con el dinero destinado a la Caja Profesional por los distintos proyectos en ámbitos de mayor urgencia, como la inseguridad (mayor educación de los privados de libertad resultaría en menos reincidencia y más trabajo, así como una disminución de la población indigente o con adicciones) o la educación y la pobreza infantil (cuántas escuelas de tiempo completo o centros CAIF se podrían edificar desde cero)?

Fundamentalmente, resalta la cuestión de porqué el sistema político uruguayo está decidido a apostar por los privilegios de unos pocos, y no en la enormidad de los orientales jóvenes, perjudicados por problemas estructurales del modelo uruguayo, quiénes en unos años sostendrán no solo el sistema previsional y tributario, sino que conformarán las normas de convivencia y políticas de nuestro país.