Los Ñoquis del Estado
Publicado el 28/07/2025 a las 18:00 por Derek Smith Estrada
Los ñoquis del Estado
La estafa institucionalizada
Miles de personas cobran del Estado sin producir absolutamente nada. Son el precio oculto de cada elección. Y uno lo está pagando.
En Uruguay, hablar de “ñoquis” no es solo una tradición del 29. Es una realidad que se mastica todos los días en oficinas públicas vacías, en cargos creados para favores, en sueldos sin contraprestación. El ñoqui es ese empleado estatal que no trabaja pero cobra. El que aparece cuando hay que votar y desaparece cuando hay que laburar.
Pero hoy el ñoqui moderno ya ni siquiera necesita esconderse. Se ha institucionalizado. Tiene contrato, antigüedad, licencias, aguinaldo y hasta obra social. Lo apadrina un jerarca, lo protege un sindicato y lo sostiene el contribuyente. Es parte de una red de favores cruzados donde el Estado funciona como agencia de colocación y no como servicio público.
No se trata solo del que directamente no va a trabajar. Hay miles que sí asisten, pero su función es irrelevante o ficticia. Oficinas duplicadas, cargos decorativos, asesores del asesor, comisiones eternas para tareas que no exigen más que dos mails al mes. Y cuando se quiere racionalizar algo, salta el grito: “¡Van a dejar familias en la calle!”. El chantaje emocional como escudo del despilfarro.
El origen de muchos de estos ñoquis está en las campañas. Cada elección deja un reguero de nuevos contratos, contrataciones directas, pasajes a planta permanente. Son los “premios” por militar, por pegar carteles, por conseguir votos. La máquina se alimenta a sí misma. Y cuanto más grande es, más votos necesita para no apagarse.
¿El resultado?
Un Estado obeso, lento e ineficiente. Una carga impositiva imposible de bajar. Servicios públicos mediocres. Y una cultura donde el que entra al Estado es visto como un ganador, no por lo que produce, sino por haber conseguido el enchufe.
Lo más triste: esto no es un error del sistema. Es el sistema.
No hay gobierno que no haya metido a los suyos. No hay partido que no haya usado al Estado para colocar. Y cada nuevo intento de recorte, de evaluación o de auditoría se estrella contra una pared de excusas, miedos y complicidades.
Mientras tanto, uno en el sector privado lidia con impuestos, con el BPS, con el IRPF, con la DGI. Paga todo eso para que alguien que no conoce, que no produce nada, cobre más que uno por no hacer nada. Y se no puede hacer nada al respecto.
No es solo una injusticia. Es una estafa.
Una estafa legalizada, protegida por leyes, sostenida por pactos de poder y naturalizada por una sociedad que se resignó a convivir con ella.
¿Hasta cuándo?
Hasta que las deudas estén por las nubes, el sistema se vuelva insostenible y los pobres sean toda la población.
