¿Muerte digna en Uruguay? ¿Vale más la ética que la vida?

Publicado el 15/08/2025 a las 20:00 por Lucas Velázquez

Eutanasia en Uruguay: el debate que vuelve al Parlamento

La discusión sobre la eutanasia, o muerte digna como ha sido renombrada, ha vuelto a la boca de todos en la agenda parlamentaria uruguaya en 2025. El presente gobierno reactivó un proyecto que había quedado trancado en el Senado en 2024 y que busca permitir que personas con enfermedades incurables, irreversibles o con sufrimiento insoportable puedan solicitar ayuda médica para morir.

La propuesta fue presentada por primera vez en 2022 por el diputado Ope Pasquet, del Partido Colorado. Ese año consiguió la aprobación de la mitad del Parlamento, pero no siguió adelante porque no hubo acuerdo. En 2025, la Comisión de Salud volvió a tratar el proyecto y lo aprobó en julio, dejándolo listo para que se vote en la cámara principal.

Qué propone la ley

El proyecto dice que solo adultos que estén lúcidos y tengan una enfermedad grave podrán pedir la eutanasia. Para hacerlo, se deben solicitar y cumplir los siguientes pasos:

Solicitud formal: el paciente presenta una petición escrita a su médico.

Primera opinión médica: el médico verifica condiciones y ofrece información, incluidos los cuidados que puedan mejorar su condición.

Segunda opinión independiente: un profesional diferente evalúa la solicitud tras consulta.

Ratificación del paciente: en una segunda entrevista, con dos testigos, el paciente reafirma su voluntad de muerte.

En caso de discrepancia: se convoca una junta médica compuesta por un psiquiatra, un especialista en la patología y un tercer profesional para resolver el caso.

El proyecto también contempla el derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento, y prevé mecanismos de objeción de conciencia para el personal médico, además de excluir el “turismo de eutanasia” exigiendo residencia o ciudadanía.

Cabe destacar que ya existe la Ley 18.473, que regula la “voluntad anticipada” y permite rechazar tratamientos que prolonguen la vida artificialmente, pero no autoriza la eutanasia activa, que sí busca legalizar este proyecto.

Quienes apoyan la propuesta resaltan que la autonomía personal es un valor clave. Ven la iniciativa como un acto de compasión y como el reconocimiento del derecho de cada persona a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro. El proyecto tiene apoyo de varios partidos políticos y continúa intentos anteriores de aprobar una ley similar. En otros países donde la eutanasia ya es legal, se dice que funciona bien gracias a controles estrictos, aunque también se reconoce que existen algunos riesgos. Según una encuesta del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el 82% de los adultos está a favor de legalizar la eutanasia y el 62% apoya el suicidio asistido. Estas cifras muestran que gran parte de la población quiere que este tema esté en la agenda del Parlamento.

Los críticos de la eutanasia advierten sobre posibles riesgos éticos, como que ciertas personas vulnerables podrían sentir una presión indirecta para elegir morir, en especial si no cuentan con un buen apoyo médico y social. Aunque desde 2023 existe una ley que garantiza cuidados paliativos, estos solo llegan al 74% de quienes realmente los necesitan, lo que genera dudas sobre si el sufrimiento “insoportable” que justifica la eutanasia se debe a una falta de atención adecuada. Además, el Colegio Médico del Uruguay considera que la eutanasia activa va en contra de la ética profesional, pues el rol del médico es aliviar el dolor, no provocar la muerte. Por otro lado, la Iglesia Católica sostiene que la vida humana es un valor inviolable y critica que el proyecto trate la muerte como algo natural y legalizable, poniendo en riesgo la dignidad de la persona. Por eso, insiste en que primero se debe fortalecer la medicina paliativa y el acompañamiento espiritual antes de aprobar cualquier ley sobre eutanasia.

Este debate enfrenta dos ideas muy diferentes: respetar la libertad de cada persona para decidir o proteger la vida a toda costa. El proyecto incluye varias medidas para que el proceso sea seguro, también respeta el derecho de los médicos a no participar si no quieren. Pero hay quienes creen que estas protecciones no bastan si antes no se garantiza que todos tengan acceso a buenos cuidados paliativos. También preocupa que la discusión avance rápido, cuando no todos tienen todavía atención médica adecuada para el final de la vida. Algunos creen que aprobar la eutanasia ahora podría tapar problemas que hay que resolver de verdad para aliviar el sufrimiento de la gente. Por eso, el Parlamento no solo tiene que votar una ley, sino pensar bien qué valores quiere reflejar. La pregunta es si esta ley es un paso para darle más libertad a las personas o si significa dejar sin resolver el acompañamiento necesario en los momentos difíciles. El tiempo dirá si esta decisión fue un acto de respeto y cuidado o una medida apresurada.

¿La vida es un derecho o una obligación?