NO LE DEJEN LA ECONOMÍA SOLO A LOS ECONOMISTAS

Publicado el 04/08/2025 a las 20:00 por Germán Rivero

NO LE DEJEN LA ECONOMÍA SOLO A LOS ECONOMISTAS

Impuesto a los ricos y el caso práctico de diálogo entre la economía y la política

¿Qué es el impuesto a los ricos del que se ha hablado en los últimos meses? ¿De dónde sale? ¿Quiénes lo impulsan? ¿Lo pagarían muchos o pocos? ¿Por qué hay gente de bajos recursos en contra? ¿Cuánto recaudaría? ¿En qué se gastaría?

Desde hace algunos meses resuena en diarios y redes sociales el tema de gravar con un impuesto del 1% al 1% más rico de la sociedad. Esta propuesta, lejos de nacer recientemente y en ámbitos políticos, surge a raíz de una publicación realizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, de la mano de varios investigadores que estudian temas relacionados a la desigualdad y la distribución del ingreso; entre ellos, el que ha tomado más notoriedad pública en estos meses: el Doctor en Economía Mauricio De Rosa.

Según diversas publicaciones, en Uruguay habría más de 17.000 personas con un patrimonio superior a 1 millón de dólares, y esta proporción de personas concentraría una parte significativa del patrimonio nacional, entre un 35% y un 40%, según las estimaciones que se tomen. Para tener un contraste: el 50% más pobre de la población uruguaya, combinada, posee entre el 2% y el 3% de la riqueza nacional. Así, dado que es difícil estimar quiénes conforman el 1% más rico de la sociedad —e incluso estimar patrimonios dentro de este porcentaje, que pueden ir hasta más de mil millones de dólares—, se toma en la discusión pública el umbral del millón de dólares.

Un impuesto al patrimonio de este grupo selecto de personas lograría recaudar un estimado del 1% del Producto Interno Bruto, es decir, entre 700 y 800 millones de dólares. Un impuesto que hoy en día ya existe, con una tasa del 0,1%, y que pagan muy pocas personas, recaudando unos 8 millones de dólares por año únicamente. Por lo tanto, lo que en la discusión pública podría parecer la creación de un nuevo impuesto, en realidad sería la modificación de uno ya existente: elevando sus tasas, abarcando una mayor base imponible y modernizándolo.

Así, tras el comienzo de un nuevo período de gobierno de izquierda, un año marcado por la discusión de la Ley de Presupuesto, una agenda de políticas públicas muy extensa (y siempre marcada por la falta de recursos económicos), el senador del Frente Amplio Gustavo González comenzó a poner sobre la mesa del terreno político la creación de este impuesto al 1% más rico. Es decir, una discusión que nace en la academia toma fuerza pública por mérito propio y se dispersa en la sociedad a través de un senador de la República que decide tomar este bastión como propio. Sin embargo, quien propuso de una manera más formal este impuesto fue el PIT-CNT, atándolo rápidamente a que la recaudación se destine a políticas de primera infancia, un área en la que Uruguay presenta problemas crecientes desde hace décadas. Hoy en día, 1 de cada 3 niños en el país vive en situación de pobreza: una verdadera bomba de tiempo por desactivar.

En este sentido, como todo impuesto, gravar al 1% más rico podría tener efectos sobre el crecimiento económico toda vez que quienes ostentan estos patrimonios decidan trasladarlos a otras regiones del mundo con regímenes tributarios más favorables. Es decir, ante este impuesto no se irán todos, probablemente tampoco la mayoría, pero mientras el Estado obtiene un efecto ingreso positivo, el crecimiento económico de mediano y largo plazo se puede ver comprometido al disminuir las inversiones en el país o generar fricciones en el crecimiento de nuestra economía.

Sin embargo, tenemos por un lado efectos posibles (y a veces contrarrestados por la evidencia empírica) de que un impuesto desincentivará inversiones, disminuirá el crecimiento y significará menos recursos en un futuro; y por el otro, un poder de fuego estimado en el 1% del PIB que se destinaría a abatir la pobreza infantil y mejorar el futuro del país.

Si bien políticamente atar una posible recaudación a políticas públicas específicas puede sonar muy atractivo, la economía nunca es tan lineal y no se puede esperar que cambios en la estructura tributaria no tengan una incidencia en el crecimiento económico. A su vez, atar un impuesto a una política concreta no es lo usual ni lo recomendable. Pensemos que en Uruguay, la mayor parte de la recaudación proviene del IVA, que va a una bolsa común de donde se nutren la mayoría de las políticas públicas. Atar un impuesto a una política puede ser útil políticamente, pero no es eficiente ni deseable. Sin embargo, para fijar ideas, ha sido muy potente.

La discusión sigue sobre la mesa, aunque probablemente no esté en la agenda de prioridades de este gobierno. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, se ha mostrado reticente a esta idea, debido básicamente a que es afín a las recaudaciones “neutras”; es decir: pongamos impuestos que recauden lo mayor posible y encarguémonos de abatir la desigualdad a través del gasto, y no a través del ingreso (lo cual implicaría que pague más quien más tiene). A su vez, el presidente Orsi se ha manifestado en contra, así como también todos los partidos políticos, legisladores de la oposición y gran parte de los sectores internos del Frente Amplio.

Esta discusión ha tenido trascendencia pública por la cantidad de líneas desde las cuales puede abordarse. ¿Sería justo que quienes son los más ricos contribuyan más? ¿Si les aplicamos este impuesto, se irán? ¿Este gobierno que se dice de izquierda no fue votado para esto?

Este tema y la propuesta del PIT-CNT han dado mucho que hablar e incluyeron la voz cantante de numerosos actores políticos, de gobierno, académicos, posibles contribuyentes (como López Mena). A partir de una discusión académica entre economistas, se han tocado fibras sensibles en la sociedad uruguaya. Esta no es una discusión solo de economistas, sino de actores políticos, sociales y civiles que tienen opiniones y fundamentos para ello. Todo quien tenga algo que decir puede opinar, porque la discusión —mucho más que instrumental y económica— es ética y filosófica.